La diferencia entre Defensores de la Patria y el Centro Democrático es la misma que existe entre una paloma blanca y una blanca paloma. Sus candidatos a la presidencia se declaran fervientes admiradores de Álvaro Uribe —ellos mismos lo proclaman— y compiten por demostrar quién es más uribista que el propio Uribe. Los argumentos para no votar por el uno ni por el otro son, por consiguiente, exactamente los mismos.
Colombia, hasta el 7 de agosto de 2022, fue gobernada sin excepción por la derecha y la extrema derecha. Los problemas estructurales que heredó el gobierno de Gustavo Petro no se han resuelto —ni podían resolverse en cuatro años lo que se edificó durante décadas—. Menos sentido tiene, entonces, votar por Paloma o por Abelardo para resucitar las mismas políticas que produjeron esa crisis. Repasemos los principales puntos del debate.
- La violencia y la seguridad
Colombia figura entre los países con mayor número de condenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Históricamente, esas sentencias se han proferido por acción u omisión del Estado en masacres, desapariciones y asesinatos ocurridos mucho antes del gobierno actual. Entre los casos más emblemáticos e indignantes se cuentan: la desaparición y el asesinato de los 19 comerciantes en Puerto Boyacá; las masacres de La Rochela y Mapiripán; el exterminio de la Unión Patriótica; el caso del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el pueblo U’wa; las masacres de Ituango (La Granja y El Aro); el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas y el caso de la periodista Jineth Bedoya; las condenas de la ONU por el uso excesivo de la fuerza por parte del antiguo ESMAD; y las sentencias y hallazgos de la JEP sobre los «falsos positivos» —ejecuciones extrajudiciales— cometidos durante el gobierno de Uribe.
Resulta inquietante y sintomático que Paloma haya querido a su «padre político» como ministro de Defensa para reeditar la Seguridad Democrática. La pregunta legítima es si, de llegar a la presidencia, repetiría la fórmula con otro candidato.
Por su parte, Abelardo promete ser más severo que Uribe y que Bukele. Asegura que resolverá el problema de los grupos armados en poco tiempo combinando acción militar, tecnología y «mano dura»: bombardeos, glifosato y megacárceles. La historia, sin embargo, demuestra que esas medidas son insuficientes cuando no se atacan las raíces estructurales del conflicto.
- La reforma agraria
La causa más profunda de la violencia en Colombia sigue siendo el problema de la tierra: su desigual distribución, su uso ineficiente y el despojo histórico. A pesar de ello, los sucesivos intentos de reforma agraria fracasaron por la tenaz oposición de los grandes latifundistas, eficazmente representados en el Congreso.
Con el Pacto Histórico en el gobierno se puso en marcha una reforma agraria que ha avanzado más que cualquiera de sus antecesoras. Pero corre el riesgo de ser desfigurada, congelada o suprimida si Paloma o Abelardo llegan al poder. Ninguno de los dos propone una redistribución real de la tierra; su horizonte se limita a promover la agroindustria, lo cual favorece a los grandes gremios económicos y deja por fuera a los campesinos y trabajadores rurales que reclaman el derecho a trabajar la tierra que habitan.
- La reforma laboral
La visión laboral de Paloma y Abelardo —heredada directamente del uribismo— concibe al trabajador como un costo que debe reducirse, no como un ser humano con derechos. La reforma de 2002 (Ley 789) se diseñó bajo una lógica sencilla: abaratar el trabajo para volver al país «competitivo».
El resultado fue más precariedad, contratos basura, jornadas extendidas disfrazadas de «flexibilidad» y un Estado que miraba hacia otro lado mientras millones de colombianos trabajaban de sol a sol por salarios que no alcanzaban para sobrevivir.
La reforma en curso parte de una premisa distinta: el trabajo digno no es un privilegio, es un derecho. Por eso plantea la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales —pasando por las 44 horas vigentes tras el corte de julio de 2025, con el siguiente paso programado para el 15 de julio de 2026—, el restablecimiento pleno del recargo nocturno y el aumento de los recargos dominicales y festivos al 100 %, restituyendo lo que el uribismo desmontó.
La disyuntiva es clara: Paloma y Abelardo defienden el derecho del empleador a pagar menos; el proyecto alternativo defiende el derecho del trabajador a vivir mejor. Al final, la pregunta no es qué reforma favorece más los balances empresariales, sino qué país queremos: uno donde la «competitividad» se construya explotando al trabajador, o uno donde la productividad nazca de la dignidad, la estabilidad y el respeto.
- El sistema de salud
Nadie discute que el sistema de salud colombiano está enfermo. Su crisis financiera y de atención tiene causas acumuladas durante años, aunque el gobierno actual también comparte responsabilidad en la gestión de la transición.
Paloma y Abelardo proponen mantener el modelo de las EPS y limitarse a sanear sus finanzas. El problema de fondo es que las EPS han sido, durante años, un foco sistemático de corrupción y desvío de recursos públicos. La salud no puede seguir tratándose como una mercancía; requiere un cambio estructural.
Basta mirar a Suecia, Noruega, Dinamarca, el Reino Unido, Canadá, España, Italia o Australia para comprobar que los sistemas de salud de alta calidad financiados por el Estado funcionan —y funcionan bien—. Que la salud pública sea estatal no la hace ineficaz, a pesar de lo que insiste en sostener el relato uribista.
- La reforma fiscal
Uno de los estribillos favoritos del neoliberalismo uribista —y de las derechas del mundo— es la reducción de impuestos a los más ricos bajo la promesa de estimular la inversión y «derramar» prosperidad hacia abajo. Abelardo no se cansa de repetir que «para ayudar a los pobres hay que ayudar a las empresas».
La teoría del goteo, no obstante, no ha dado los resultados prometidos. Lo que ocurre en la práctica es que los grandes beneficios fiscales se quedan en los bolsillos de los accionistas, se desvían hacia la especulación financiera o terminan en paraísos fiscales. Esta lógica es radicalmente opuesta a la que proponen sectores progresistas como los encabezados por Iván Cepeda: una fiscalidad progresiva que grave las grandes fortunas y elimine las exenciones injustificadas a las megacorporaciones.
Conclusión
Podríamos identificar muchas más similitudes entre los candidatos de esta corriente, pero no hace falta extender el análisis. Está claro que, en las urnas, Paloma y Abelardo son lo mismo. La paloma blanca y la blanca paloma: un vuelo idéntico.
