Noticia del 4 de junio de 2026: «Santiago Uribe es condenado definitivamente a 28 años de prisión por asesinato y paramilitarismo en el caso de ‘Los 12 Apóstoles’».
Mi propósito no es abordar aquí el tema del paramilitarismo —tan polémico como sensible— en relación con Álvaro Uribe, su hermano Santiago, su primo Mario Uribe Escobar y otras personas de su entorno.
Lo que me interesa es otra cuestión: la reacción de Álvaro Uribe Vélez ante la confirmación de la condena contra su hermano constituye un ejemplo revelador de cómo ciertos dirigentes políticos encuadran los hechos, establecen los criterios con los que deben ser juzgados e intentan influir en la opinión pública.
Álvaro Uribe Vélez escribió en X:
«Condena a Santiago. Mi familia está muy abatida; yo creo, con todo respeto, que es muy injusto. Ese grupo de ‘Los 12 Apóstoles’ primero dijeron que tenía un sacerdote que era el jefe, lo absolvieron, se murió. Después tuvieron muchos comerciantes presos (…). A todos los absolvieron; ninguno acusó a mi hermano. Y ahora parece que mi hermano es condenado por el asesinato de un conductor, Camilo Barrientos, cuando en el juicio un exagente de policía responsable de ese asesinato acusó al mayor Meneses de haber conseguido a los sicarios, y nada tenía que ver eso con mi hermano”.
El mensaje implícito es claro: Santiago Uribe habría sido condenado por un homicidio que no cometió y no por otros delitos. En consecuencia, sería inocente y víctima de una injusticia.
Sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sostiene algo radicalmente distinto en una sentencia de 605 páginas, resultado de años de investigación y valoración probatoria:
«Santiago Uribe Vélez conformó y dirigió un grupo armado ilegal que, desde la hacienda La Carolina, ubicada en el sector de los Llanos de Cuivá, en el municipio de Yarumal, llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática a personas consideradas indeseables y a presuntos colaboradores de grupos subversivos que operaban en la región norte del departamento de Antioquia».
¿Quién tiene razón: Álvaro Uribe o la Corte Suprema de Justicia? No lo sé, como tampoco lo sabe la inmensa mayoría de los colombianos. Algunos creen en la versión de la Corte; otros, en la de Uribe.
¿A qué se debe esta división?
Yo le doy credibilidad a la Corte Suprema de Justicia por dos razones.
Primera: Lo que se afirma con pruebas acumuladas durante años, en 605 páginas de sentencia, no puede refutarse sin pruebas en 46 segundos en X.com.
Segunda: Álvaro Uribe, por su condición de hermano del condenado, carece de la distancia necesaria para ser considerado una fuente objetiva e imparcial. Es perfectamente comprensible que lo defienda; lo que resulta difícil de sostener es que pueda actuar como árbitro neutral del caso.
¿Y cuál sería el razonamiento de quienes creen en la versión de Álvaro Uribe? Implícitamente, parecerían asumir que el poder judicial colombiano está controlado por la izquierda radical. Pero, si así fuera, ¿cómo explicar que ese mismo poder judicial revocara —con razón o sin ella— la condena impuesta a Álvaro Uribe en primera instancia?
Por su parte, El Espectador, un medio al que difícilmente se puede acusar de subordinación al petrismo, afirmó sin ambigüedades en su editorial del 9 de junio de 2026: «La justicia actuó como debe en el caso de Santiago Uribe».
La conclusión es sencilla: formarse una opinión sobre hechos de esta gravedad a partir de declaraciones de unos pocos segundos en redes sociales no es únicamente una muestra de ligereza. Es, además, una renuncia deliberada al examen crítico de los hechos y, en última instancia, a la honestidad intelectual.
