La agresividad verbal en la política no es un fenómeno reciente; constituye una constante histórica asociada a las disputas por el poder, ya sea para adquirirlo o conservarlo. Lo que resulta llamativo en la actualidad son las modalidades específicas que adopta y la velocidad con la que se amplifica.
Las redes sociales no son, en sí mismas, problemáticas; su impacto depende del uso que se les dé. Aunque las empleo de manera limitada —para difundir artículos de mi blog y observar dinámicas de circulación de información—, es evidente que algunos usuarios las utilizan de forma razonable, mientras otros las han convertido en espacios donde se exhibe vulgaridad y se expresan impulsos agresivos desenfrenados.
Esta agresividad digital tiene efectos significativos sobre el debate político, especialmente porque interactúa con los actores institucionales y contribuye a degradar la deliberación pública.
En Colombia, la violencia que suele ocupar el debate público es la criminal: aquella ejercida por individuos o grupos armados que roban, hieren o matan. Ninguna sociedad ha logrado su erradicación absoluta; por ello, el objetivo razonable es la reducción sostenida de su intensidad, pese a las reiteradas promesas gubernamentales formuladas durante décadas.
Este texto no se ocupa de esa violencia. Su propósito es examinar una forma distinta, más difusa y normalizada: la agresividad verbal, que con frecuencia precede o desencadena agresiones físicas y que se manifiesta transversalmente entre los colombianos, sin distinción de clase, credo o filiación política. Los espacios donde esta agresividad emerge con mayor facilidad —la política, la religión y el deporte— son también aquellos donde la identidad colectiva se experimenta con mayor intensidad.
En contextos cotidianos, como conversaciones sobre gastronomía, música, turismo o literatura —por ejemplo, en un asado entre amigos o familiares— los colombianos suelen caracterizarse por su cordialidad, afabilidad y disposición lúdica. Sin embargo, basta que alguien afirme, de manera imprudente, que la izquierda es guerrillera y terrorista, y que otro responda que la derecha es paramilitar y narcotraficante, para que la reunión derive en una confrontación verbal que rápidamente adquiere tonos beligerantes.
Algo similar ocurre en el ámbito religioso. Afirmar que católicos y evangélicos son rezanderos contrarios a la libertad de culto, o que los ateos pretenden expulsar a Dios de los colegios para introducir a Marx, transforma un encuentro amistoso en un escenario inquisitorial. En el deporte, la dinámica es aún más evidente: a la salida de un partido de fútbol, basta que un hincha denuncie un penalti como injusto, acuse al árbitro de corrupción o descalifique a la afición rival, para que los alrededores del estadio se conviertan en un espacio de violencia colectiva, con intervención policial, heridos, detenidos e incluso víctimas mortales.
¿Quiénes manifiestan esta agresividad?
La respuesta, aunque incómoda, es amplia: casi todos los colombianos, independientemente de su posición social, orientación política, adscripción religiosa o identidad étnica. Políticos, periodistas, sindicalistas, trabajadores, empresarios y ciudadanos comunes participan de esta dinámica cuando discuten sobre política, religión o deporte.
Paradójicamente, muchos de quienes exhiben agresividad verbal son personas honradas, trabajadoras, responsables y buenos padres de familia. Tal vez por ello —por saberse “gente bien”— consideran legítimo expresar su enojo mediante palabras hirientes o apelando a una “santa cólera”. Esta autopercepción moral los lleva a concluir que los violentos son siempre los otros; ellos, únicamente víctimas. Rara vez se interroga la responsabilidad individual en la reproducción de la espiral de violencia.
La discusión política basada en argumentos sólidos, expuestos con serenidad y respeto, ha sido desplazada por contenidos breves en redes sociales, donde predominan los videos de menos de 90 segundos. Es habitual observar a activistas de derecha o izquierda insultar a quienes no comparten sus ideas, convencidos de estar argumentando. Tras una cadena de improperios, exigen respeto para su partido y sus líderes. Otros formulan acusaciones graves sin aportar evidencia alguna.
Los políticos reproducen estas prácticas. Su comportamiento es, en buena medida, un reflejo de la sociedad. Muchos recurren a tonos coléricos, gritos, gestos acusatorios, miradas desorbitadas, voces quebradas y una gestualidad exaltada. Algunos comunicadores más hábiles emplean un tono sereno, lo que paradójicamente confiere mayor credibilidad al insulto.
Dos hechos resultan especialmente llamativos y, sin embargo, pasan inadvertidos para ellos:
Su agresividad contribuye a la creación de un clima de violencia, y constituye un ejemplo negativo que numerosos ciudadanos imitan. En consecuencia, los políticos son parcialmente responsables de la violencia que afirman combatir.
Todos se atacan con los mismos argumentos y los mismos insultos, en medio de una algarabía que dificulta el razonamiento. Se acusan mutuamente de populismo, pero nadie acepta el término. Se señalan como corruptos, pero cada uno se considera menos corrupto que los demás. Declaran solemnemente su voluntad de salvar la patria, pero acusan a sus adversarios de querer destruirla. En cierto sentido, se tratan como “patricidas”.
La pregunta sobre el origen de esta agresividad en el debate político es pertinente. Siguiendo la célebre frase de Thomas Hobbes —“El hombre es un lobo para el hombre”—, cabe preguntarse si el político es un lobo para el político, el colombiano un lobo para el colombiano, un depredador que se alimenta de depredadores, o si la agresividad constituye simplemente una estrategia performativa destinada a impresionar al adversario, como la haka de los All Blacks en el rugby neozelandés.
Los representantes de la nación, además del honor de haber sido elegidos, tienen la responsabilidad de tomar decisiones que afectan el presente y el futuro del país. Esa responsabilidad exige comportamientos acordes con la dignidad del cargo. Los “padres de la patria” —Bolívar, Santander y Nariño— comparten su título con congresistas y “madres de la patria”. Resulta difícil otorgar tal honor a ciertos miembros del Congreso. Los presidentes, tanto el entrante como el saliente, tampoco se distinguen por la sobriedad en sus intervenciones.
No todos los actores del debate público son corruptos, histéricos, mentirosos o ramplones. Pero quienes encarnan estas características son numerosos y ocupan desproporcionadamente el espacio mediático, como si lo accesorio generara más interés que lo esencial.
La paz empieza por la palabra
La paz no es una tarea exclusiva del Estado; es también un deber ciudadano. Reducir la agresividad verbal no es exigir demasiado. Sus efectos, en cambio, son profundamente positivos y de un valor incalculable. La violencia cotidiana empieza en la palabra; la paz también.
