Al llegar los conquistadores a lo que hoy es Colombia —sin pasaporte ni visado— lo primero que hicieron fue apropiarse de las tierras descubiertas y conquistadas. Les bastó anunciar a los pueblos originarios que, desde ese instante, sus territorios dejaban de pertenecerles y pasaban a ser propiedad del rey de España (en la práctica, de los propios conquistadores). Así comenzó un problema de tenencia de la tierra que, cinco siglos después, sigue sin resolverse y ha dado lugar a una de las mayores concentraciones de tierra del planeta.
El gobierno de Gustavo Petro ha logrado avances inéditos en la solución de este problema, pese a las restricciones heredadas de legislaciones anteriores y a la resistencia de los grandes propietarios, articulados en los gremios agropecuarios y los partidos que los representan en las distintas instancias del poder.
Esta desigualdad histórica en la propiedad de la tierra es la causa estructural de la violencia en Colombia. Durante décadas, al campesinado se le ha negado el acceso a la tierra o ha sido despojado por terratenientes, narcotraficantes, empresas nacionales o multinacionales y grupos paramilitares.
A pesar de este panorama, algunos siguen negando la necesidad de una reforma agraria. En un mensaje publicado en x.com, Paloma Valencia reprocha a Iván Cepeda invocar las causas sociales de la violencia, proponer una reforma agraria más profunda y —según ella— generar “incertidumbres” sobre la propiedad rural que impedirían la industrialización del agro, la cual, afirma, sería la verdadera revolución agraria que necesita el país.
Su diagnóstico coincide con el de Álvaro Uribe, su referente político e intelectual: Colombia no es violenta porque es pobre, sino pobre porque es violenta. En América Latina —sostiene— existen países pobres sin violencia porque tienen autoridad. Si hay violencia, nadie invierte; sin inversión, no hay desarrollo. Las soluciones, por tanto, serían las de siempre: autoridad, mano dura, respuesta militar y primacía de la empresa privada.
Abelardo comparte exactamente el mismo diagnóstico y las mismas soluciones. No es casual: ambos son uribistas convencidos, es decir, representantes de una derecha extrema que reduce problemas complejos a eslóganes simples.
Conviene examinar más de cerca ese diagnóstico.
Según esta visión, Colombia es pobre porque es violenta, y es violenta porque carece de autoridad. La receta sería entonces fortalecer la policía y las fuerzas militares con mejor tecnología para “poner fin” a la violencia.
El problema es que Uribe nunca explica de dónde proviene esa violencia que la autoridad debe neutralizar. La historia de los conflictos colombianos —más allá de la violencia común que existe en cualquier país— muestra que la raíz principal es la distribución profundamente desigual de la tierra. A ello se suma la violencia ejercida por el propio Estado contra el campesinado o, por ejemplo, contra las jóvenes víctimas de los falsos positivos.
Afirmar que “la pobreza no causa violencia” es insostenible cuando ciertos tipos de violencia están empíricamente correlacionados con condiciones socioeconómicas: disputas por tierra, desigualdad histórica, exclusión política. Décadas de investigación demuestran que no existe una causalidad única, sino un círculo vicioso.
Decir que “la pobreza es causada por la violencia” puede ser cierto en contextos de conflicto armado o desplazamiento, pero no explica por qué surge la violencia, ni por qué hay regiones pobres sin conflicto, ni por qué existen regiones ricas con altos niveles de violencia. Invertir la causalidad sin demostrarla es una falacia.
Si queremos soluciones reales, debemos abandonar los eslóganes y reconocer que violencia y pobreza se retroalimentan. Romper ese círculo exige actuar sobre ambos frentes: más oportunidades, más presencia estatal, más seguridad y más justicia social. No es una causa contra la otra; es un sistema que debe transformarse.
Las “incertidumbres” sobre la tierra de las que habla Paloma son un argumento falaz. El objetivo de Petro y de Cepeda es precisamente regularizar la posesión mediante seguridad jurídica y reconocimiento legal a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Quienes sí generan incertidumbre son quienes se apropian ilegalmente de la tierra: latifundistas, grupos armados y algunas empresas nacionales y multinacionales.
Por eso, afirmar que “la industrialización del agro es la verdadera revolución agraria” es una propuesta que satisface a la gran empresa —en especial a las multinacionales y a la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC)— pero deja intacto el drama de millones de campesinos.
Industrializar el agro no es una revolución agraria: es una modernización productiva. La revolución agraria transforma la estructura de propiedad, democratiza el acceso a la tierra y redistribuye el poder rural. La industrialización puede aumentar la productividad, pero no corrige la desigualdad, no repara el despojo y, en algunos casos, puede agravarlo. Confundir ambas cosas es convertir un problema político en un asunto meramente técnico.
Cepeda no se opone a la industrialización del agro. En su plan de gobierno afirma: “Y desde aquí le enviamos un mensaje a los gremios de la producción agropecuaria, a los ganaderos, a los grandes terratenientes: hagamos un verdadero diálogo nacional, porque la revolución agraria puede beneficiarnos a todos y con todos podemos construirla”. Vale la pena leer su propuesta de Revolución Agraria, entre las páginas 89 y 96. Paloma no la ha leído, o la leyó, pero…
Quizá esté pensando en reeditar el Pacto de Chicoral. Conviene recordarlo —sobre todo para los más jóvenes—. El Pacto de Chicoral fue un acuerdo firmado el 9 de enero de 1972 entre el gobierno de Misael Pastrana, congresistas liberales y conservadores y grandes terratenientes. Su objetivo fue frenar y revertir la reforma agraria iniciada en los años sesenta. Consolidó el latifundio, detuvo la distribución de tierras y priorizó la explotación empresarial. En la práctica, mató la reforma agraria. Eso es exactamente lo que sigue defendiendo Paloma Valencia cuando afirma que la verdadera revolución agraria es la industrialización del agro.
Dado que Abelardo piensa como Paloma y Paloma como Abelardo, lo más sensato para evitar otro Chicoralazo —y nuevas desgracias— es no votar por ninguno de los dos.
