Hay una táctica tan vieja como la política misma: convencer a la gente de que está a punto de perderlo todo. El miedo moviliza, la indignación une y las acusaciones vagas —repetidas con suficiente vehemencia— acaban pareciendo verdades. En el video «Defensores de la Patria», uno de los allegados a Abelardo de la Espriella lo ilustra a la perfección: «Nos roban la libertad de expresión, la libertad de decidir, la libertad de emprender, la libertad de educar a nuestros hijos. La situación es grave. ¿Y todo eso por culpa de quién? De toda la criminalidad reunida en torno a Gustavo Petro».
El diagnóstico es categórico. El problema es que no viene acompañado de una sola prueba concreta. Examinemos los dos pilares de este argumento: la libertad de expresión y la educación de los hijos.
- La libertad de expresión: ¿Quién amordaza a quién?
He buscado evidencia de que Petro esté silenciando a los colombianos. No he encontrado nada. El único reproche real que se sostiene es este: cuando la prensa critica al presidente, el presidente critica a la prensa. Pero responder a las críticas no es censura; es el derecho elemental a la réplica, que cualquier ciudadano —incluidos los periodistas— puede ejercer.
Basta mirar los hechos. La senadora Paloma Valencia, el representante Juan Espinal y el propio Abelardo expresan sus críticas más incisivas todos los días, en medios masivos y redes sociales, sin que nadie se los impida. Si la libertad de expresión estuviera realmente secuestrada en Colombia, ese video no existiría.
Hay además una paradoja que merece señalarse: cuanto más critican a Petro sus opositores sin sufrir consecuencias legales alguna, más demuestran, sin quererlo, que la libertad de expresión está más viva que nunca. Sus propias palabras desmienten su tesis.
Conviene recordar también quién controla los medios. No el Gobierno: los más influyentes del país pertenecen a los grandes grupos económicos:
- Grupo Santo Domingo: Caracol Televisión, Blu Radio, El Espectador.
- Grupo Ardila Lülle: RCN Televisión y Radio, La República.
- Grupo Sarmiento Angulo: El Tiempo, City TV, Portafolio.
- Grupo Gilinski: Revista Semana, El Heraldo, El País.
Estos conglomerados, radicalmente opuestos a cualquier postura de izquierda, son quienes fijan la línea editorial y financian, directa o indirectamente, a los partidos tradicionales. Petro no ha demandado a ningún periodista ni exigido indemnizaciones millonarias —como sí lo ha hecho Donald Trump en Estados Unidos—, no ha cerrado emisoras ni canales, y no hay periodistas encarcelados ni presos políticos en Colombia. Si eso es una dictadura, es la más ineficaz de la historia.
- «Nos están robando la libertad de educar a nuestros hijos»
Este es otro espantapájaros, construido con deliberada imprecisión. La acusación central es que una supuesta «izquierda radical comunista» estaría infiltrando las escuelas para inducir a los niños a cambiar de sexo o cuestionar su identidad. El argumento de Abelardo en el video se resume así: «Si una mujer se percibe como jirafa, perro o gato, todos debemos tratarla como tal. Imagínense: hombres de 50 años que se perciben como niñas de 11 y quieren jugar con verdaderas niñas. Esos hombres serían más que degenerados».
Nótese, de paso, que él mismo se autodefine como un tigre. Nadie ha solicitado que lo traten como tal. Pero esa es otra historia.
La comparación es ridícula. Percibirse como una jirafa, un perro o un tigre no es una cuestión de género, sino de especie; es decir, querer pasar de la condición humana a la condición animal. Al percibirse como animal, uno podría considerarse macho o hembra, pero la «izquierda radical comunista estalinista castrochavista» no tiene nada que ver en ese asunto.
Pasemos al ejemplo del hombre de 50 años que se percibe como una niña para acercarse a menores. Ciertamente, un individuo así es más que un degenerado: es un criminal. Sin embargo, ese ejemplo no prueba nada sobre la mal llamada “ideología de género”. Ese hombre sería un pederasta, independientemente de si es trans o no. El hecho innegable es que ni todas las personas trans son delincuentes, ni todos los pederastas son trans.
El hecho incómodo es que los abusos a menores son cometidos, en su aplastante mayoría, por personas cisgénero (no trans) —hombres respetables, con familia, con reconocimiento social— que nunca han tenido el menor interés en cambiar de sexo. La respetabilidad social no es garantía de integridad moral, del mismo modo que la identidad de género no es sinónimo de criminalidad.
Las personas trans existieron antes de que ningún gobierno de izquierda llegara al poder, y seguirán existiendo después. No aparecen porque un docente dé una charla en un aula. La identidad de género no es algo que se implante desde afuera; explicar que existe no es adoctrinamiento, es simplemente no mentirles a los niños sobre la realidad del mundo que habitan.
Lo que hacen las escuelas colombianas no es seguir órdenes de Petro: es cumplir la Constitución —artículos 13, 44 y 67— y acatar las sentencias de la Corte Constitucional, que obligan a prevenir la discriminación por razones de género u orientación sexual y a garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes, incluidos los que se identifican como trans. Cumplir la ley y fomentar la convivencia no es adoctrinamiento; es civilidad básica.
Las libertades que la izquierda no ha robado
Sobre «la libertad de emprender»: no conozco un solo caso documentado que sustente esta acusación. Sobre «la libertad de decidir»: cabría preguntar, ¿decidir qué exactamente? ¿No acatar la Constitución? Si eso es lo que se reivindica, el problema no es de la izquierda sino de la Carta Magna.
Las libertades religiosas, sindicales y de asociación siguen plenamente vigentes. El multipartidismo funciona. La oposición se organiza, financia y comunica sin obstáculos. Incluso la libertad de ser de extrema derecha permanece, como puede comprobarse a diario, perfectamente intacta.
Este artículo no pretende ser una defensa cerrada de las políticas de Petro —tengo desacuerdos con algunas de ellas — ni una reivindicación de su estilo de gobierno. Pero hay una diferencia fundamental entre criticar a un presidente y llamarlo dictador. La primera es un ejercicio legítimo y necesario; la segunda es una acusación grave que exige evidencia, no consignas.
Si alguien puede demostrar, con hechos concretos y verificables, que Colombia vive bajo una dictadura, estoy dispuesto a escucharlo. Mientras tanto, el fardo de la prueba recae sobre quienes lanzan la acusación. Y hasta ahora, ese fardo sigue vacío.
¿Tiene argumentos distintos? Déjelos en los comentarios. El debate es bienvenido.
