Una campaña electoral debería tener la virtud de permitir el contraste de ideas, soluciones y personalidades para que los ciudadanos podamos elegir, con conocimiento de causa, a quienes nos van a gobernar. Sin embargo, en la práctica, las cosas funcionan de otra manera. Una campaña electoral está lejos de ser un espacio donde el motor sea el interés general, la verdad el faro que nos guía, la razón nuestro instrumento de análisis, el respeto al otro la señal distintiva de la elegancia en política, y la serenidad el ambiente propicio para un pensamiento justo y una buena decisión.
El interés general no existe, aunque la expresión se usa con frecuencia. Es una herramienta de dominación de quienes detentan el poder real. La Andi, Fedegán, Fenalco, Sac, Asobancaria y otros gremios del Consejo Gremial Nacional (CGN) la emplean para defender mejor sus intereses particulares, con la ayuda de quienes los representan en el terreno político. En el libro «Historia – Consejo Gremial Nacional», su presidente afirma desde las primeras líneas: «En los años transcurridos, el Consejo ha participado en las prioridades nacionales por encima de intereses particulares, anteponiendo siempre el bienestar general y el desarrollo del país». La realidad, sin embargo, es muy distinta.
Algunos ejemplos ilustran esta mentira: el problema de la tierra, el salario mínimo y el Decreto de Emergencia Económica y Social
- El problema de la tierra: ¿una reforma imposible? Muchas personas dependen del cultivo de la tierra para sobrevivir y no son dueñas de ella o la han perdido. Exigen una reforma agraria justa. En cambio, los grandes terratenientes, la agroindustria, las multinacionales y los políticos que los representan se oponen. Según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), uno de cada tres congresistas estaría involucrado en casos de acaparamiento de baldíos. Así se entiende por qué, durante décadas, varios intentos de reforma agraria —incluso los más tímidos— han fracasado. La facilidad con que los pequeños propietarios pierden sus tierras es inversamente proporcional a la facilidad con que los grandes terratenientes adquieren las suyas, particularmente las más fértiles o …. ubérrimas. No obstante, el gobierno de Petro ha logrado más en menos tiempo que los gobiernos anteriores, en materia de reforma agraria.
Actualmente, ocho congresistas son investigados por ocupación ilegal de baldíos. Pertenecen al Partido Conservador (4), Partido Liberal (1), Partido de la U (1), Cambio Radical (1), Centro Democrático (familiares de Paloma Valencia) y Colombia Viva (1). Falta saber quiénes son los demás dentro del centenar de casos. ¿Hablaron de interés general para hacerse elegir?
- El salario mínimo: un debate partidista. ¿Quiénes se opusieron al aumento del 23% del salario mínimo y quiénes lo defendieron? La respuesta es sencilla: se opusieron la Andi, Fenalco, Sac, Fedegán, Camacol, Asobancaria y parte de los economistas, en nombre del interés general. ¿Quiénes lo defendieron? Los sindicatos y, en general, quienes sobreviven con un salario mínimo.
Los opositores alegaban que el aumento generaría mayor inflación, desempleo y trabajo informal, lo que sería muy malo para la economía. Sin embargo, el codirector del Banco de la República (a diferencia de otros expertos de la misma entidad) declaró que no hay correlación entre el aumento del salario mínimo y la inflación. Aunque fue bajo el gobierno de Petro que el salario mínimo tuvo su mayor aumento, el trabajo informal disminuyó levemente y el empleo aumentó. En octubre de 2025, la tasa de desempleo fue del 8,2%, una de las más bajas desde al menos 2018.
Aun así, el Consejo Gremial Nacional y sus expertos se oponían para salvar la economía en nombre del interés general. Su oposición no sorprende: estos grupos y los partidos políticos que los representan (como el Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical y la extrema derecha) siempre se han opuesto a cualquier medida que favorezca a los ingresos más bajos. Asociaciones y partidos empresariales similares en todo el mundo siguen la misma política. Días después se manifestaron en favor del salario mínimo por temor de perder votos, después de haber acusado a Petro de aumentarlo para ganar votos.
Si sus argumentos fueran válidos, habría que aceptar una conclusión absurda: para evitar inflación, informalidad, desempleo y el colapso económico, el salario mínimo solo podría aumentar un 6% cuando los precios de la canasta familiar suban un 6%. En ese caso, el poder adquisitivo de los más pobres nunca aumentaría. Peor aún: los pobres tendrían que seguir siendo pobres para que la economía florezca. Por eso el salario mínimo nunca podrá aumentar significativamente. Esta lógica recuerda a la de los esclavistas del sur de Estados Unidos, que se oponían a abolir la esclavitud para salvar la economía.
- El Decreto de Emergencia Económica y Social: una batalla desigual El gobierno justificó la emergencia como una herramienta para evitar un colapso fiscal que afectara derechos básicos y la estabilidad del país, especialmente en un año electoral. Con este decreto se buscaba crear nuevos impuestos temporales a las grandes fortunas.
¿Quiénes se oponen al decreto? Los mismos gremios y partidos que se opusieron a la reforma agraria y al aumento del salario mínimo. Estos grupos son muy influyentes y cuando actúan en coalición, la Corte los escucha. Ellos deciden qué es una crisis y qué no lo es.
¿Quiénes apoyan el decreto? Los movimientos sociales afines al gobierno, los sindicatos y algunos sectores académicos, con el fin de cubrir la protección social y permitir el pago de la deuda pública heredada del gobierno de Iván Duque, que representa 2/3 de la deuda total.
Una vez más, quienes se oponen al decreto no tienen el mismo interés que quienes lo apoyan. El interés general de los trabajadores no es el mismo que el de los gremios empresariales. Sin embargo, como dice el diputado español de izquierda Gabriel Rufián: «Siempre habrá ratones que voten a favor de los gatos».
¿Por qué? De eso hablaremos otra vez.
