Abelardo promete gestionar el Estado como una empresa si es elegido presidente. Declara: «Para ayudar a los pobres, hay que ayudar a las empresas.» Tras haberse opuesto al aumento salarial del 23,7 %, termina por apoyarlo, pero para aliviar la carga que pesa sobre las empresas, se compromete paralelamente a reducir sus impuestos.
Detrás de estas declaraciones se perfilan cuatro mensajes: la gestión privada es más eficiente; acepten que reduzca el tamaño del Estado en un 40 %; privilegiemos, por tanto, los servicios privados sobre los servicios públicos; y ustedes, los pobres, acepten que ayude a las empresas, ya que son ellas las que crean empleo.
- ¿Son las empresas privadas más eficientes que las del Estado?
Es el eterno debate entre expertos de derecha e izquierda, y no seré yo quien lo zanje de una vez por todas. En cualquier caso, los servicios públicos y los servicios privados no obedecen ni a los mismos objetivos ni a las mismas restricciones.
En general, la derecha prefiere la gestión privada y la izquierda la gestión pública, pero en la práctica, lo que se observa en la mayoría de las economías liberales es una economía mixta, una combinación de ambos tipos de gestión. Estas diferencias se explican por dos concepciones antagónicas del papel del Estado.
- Ayudar a las empresas para ayudar a los pobres
Es una reformulación de la teoría del goteo. ¿De qué se trata? Es una teoría económica liberal y neoliberal que sostiene que las ventajas otorgadas a los individuos más ricos o a las grandes empresas «gotean» sobre el conjunto de la sociedad.
El razonamiento es simple: si los ricos disponen de más dinero, invierten más, crean más empleo, generan más crecimiento y ese crecimiento se redistribuye progresivamente a las clases medias y populares. Los mecanismos preconizados son los siguientes:
- Reducir los impuestos de los ricos y de las empresas para estimular las inversiones y crear empleo.
En la práctica, el dinero no gotea necesariamente hacia abajo. Los más ricos tienden a ahorrar o a invertir en activos financieros en lugar de crear empleos locales. Las grandes empresas pueden redistribuir el monto de impuestos no pagados entre sus accionistas o dedicarse a la especulación financiera, en vez de invertir y crear empleo. Además, la reducción de impuestos conlleva mecánicamente una reducción de los recursos destinados a la educación, la salud y las infraestructuras, lo que perjudica directamente a las clases medias y populares, que dependen de estos servicios.
Incluso el FMI, institución históricamente favorable al liberalismo económico, reconoció en 2015 que la teoría del goteo no funciona como se preveía. Beneficiar a los más ricos reduce el crecimiento, no lo aumenta. En resumen, seductora por su simplicidad, esta teoría choca con una constatación histórica persistente: la riqueza tiende a concentrarse en la cima en lugar de difundirse hacia abajo. La mayoría de los economistas prefieren hoy el concepto de crecimiento inclusivo, basado en políticas que fortalecen directamente a las clases medias y populares, verdaderos motores del desarrollo económico.
- Desregular la economía, es decir, otorgar una mayor libertad empresarial. En la práctica, esto se traduce en una mayor facilidad para despedir trabajadores, un deterioro de las condiciones laborales, un aumento del trabajo informal y una reducción del poder adquisitivo, lo que frena a su vez el crecimiento.
- Reducir el gasto público para reducir la deuda pública (Abelardo propone «adelgazar» el Estado en un 40 %). Sanear las finanzas públicas es, sin duda, loable, pero si Abelardo, en caso de victoria, baja simultáneamente los impuestos a los ricos y a las empresas al tiempo que recorta el gasto, serán la educación, la salud, el transporte, la energía y otros servicios públicos los que se ven afectados, en detrimento de los más desfavorecidos. El sector privado tomará el relevo, a tarifas inaccesibles para gran parte de la población. Los demás que se las arreglen.
- El libre cambio o libre comercio. El candidato se pronuncia a favor de la supresión de todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación de mercancías, servicios y capitales entre países. Es uno de los pilares del liberalismo económico, pero sus consecuencias son particularmente nefastas para un país como Colombia. Citemos algunas: fuga de capitales hacia los paraísos fiscales; desindustrialización y deslocalización hacia países de bajos salarios, con el consiguiente desempleo y debilitamiento de la protección de los trabajadores; obligación para los países en desarrollo de abrir sus mercados, mientras los países ricos continúan subvencionando masivamente su agricultura (PAC europea, Farm Bill estadounidense).
Para ilustrar los efectos nocivos del libre comercio, basta con evocar el caso de Coltejer, tal como lo recuerda Cedetrabajo (23.01.2023) :
«Coltejer, una de las empresas emblemáticas, líder en la industria textil colombiana y que en su mejor momento llegó a tener más de 16 mil trabajadores, no aguantó más y cierra sus puertas. La empresa fue un orgullo para los antioqueños en sus más de 110 años de existencia. Su brillo, no sólo iluminó a Antioquia y a Colombia, también fue referente en el sector textil en Latinoamérica, en especial en las décadas de los años 70 y 80. La pandemia terminó asfixiando y ahogando a la gigante que ya venía fuertemente golpeada desde los años 90 por cuenta de la apertura económica, el libre comercio y los TLC.
Las políticas de apertura económica impuestas desde el gobierno de César Gaviria permitieron que el país se desindustrializara y la producción nacional fuera sustituida por la extranjera, impidiendo que Colombia pudiese desarrollar de manera autónoma su economía e industria, afectando a empresas como Coltejer.
Posteriormente, gobiernos como los de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos impulsaron políticas de libre comercio, las cuales profundizaron la crisis de las industrias nacionales y nuevamente Coltejer fue golpeada.
Con el derrumbe de Coltejer pierde la industria textil, pierden los trabajadores, pierde la economía, pierde Antioquia, pierde toda Colombia.»
En definitiva, Abelardo oculta sus verdaderas intenciones detrás de propuestas que parecen, en apariencia, coherentes y seductoras. Su promesa de gestionar el Estado como una empresa se presenta como una evidencia que no admitiría discusión alguna. Ayudar a las empresas para ayudar a los pobres parece razonable, pero es precisamente lo que siempre han hecho los gobiernos anteriores a Petro, con los resultados que todos conocemos. La «libertad empresarial» no es más que un eufemismo para decir que las empresas pueden actuar a su antojo, en detrimento de los trabajadores. Y el libre comercio solo beneficia, en realidad, a las multinacionales y al mundo de las finanzas.
Por eso les sugiero que desconfíen de Abelardo.
